La incertidumbre política y económica consecuencia del Brexit y la imposición de aranceles comerciales a los productos españoles en Estados Unidos por parte del presidente norteamericano Donald Trump ha motivado un cambio de ruta de las empresas españolas, que han decidido orientar sus ventas e inversiones hacia el continente asiático.
Sin embargo, no es de extrañar que las empresas españolas miren hacia Asia, pues desde hace tiempo España mantiene numerosos acuerdos y tratados internacionales con el gigante asiático que favorecen las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.
Según datos del FMI, China es la segunda mayor economía del mundo, por detrás de Estados Unidos, con un PIB de 11,2 billones de dólares en 2016. Quizá por ello, nuestro gobierno se ha esforzado tanto en mantener todo tipo de relaciones comerciales y diplomáticas con el estado económicamente más pujante del continente asiático. Son numerosos los tratados internacionales, acuerdos comerciales y proyecto económicos surgidos en los últimos años entre España y China.
Pero más allá de la estabilidad política y financiera, la cordialidad y buena relación jurídica existente entre ambos estados ha propiciado que muchas empresas de nuestro territorio decidan desembarcar en China para llevar a cabo sus planes de internacionalización.
La seguridad jurídica es un gran aliado de los operadores económicos mundiales a la hora de lanzarse al exterior para expandir su negocio. España y China no han sido menos y prueba de ello podemos encontrarlo en el Acuerdo entre España y China para la protección recíproca de inversiones que tuvo lugar en Madrid en el año 2005.
La finalidad de este acuerdo se enmarca en la necesidad y la importancia de fomentar las relaciones bilaterales entre ambos estados, así como estimular las inversiones e iniciativa empresarial entre chinos y españolas con el fin de dotar de prosperidad a ambas naciones.
El citado texto aborda cuestiones tan importantes como la protección de las inversiones, el tratamiento de estas, la compensación de los daños y pérdidas, así como la solución de controversias entre las partes contratantes.
Según el artículo 11 del Acuerdo, este se aplicará a las inversiones realizadas por los inversores ya sean personas físicas o jurídicas de nacionalidad española o china en estos dos territorios.
Con la finalidad de dotar de seguridad jurídica las relaciones entre ambas naciones, podemos encontrar, además, un tratado bilateral entre ambos países, sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, en este caso más antiguo. En vigor desde 1992, se aprobó con el fin de promover la cooperación judicial entre ambos territorios respecto de estas áreas.
Así pues, el artículo 1 de este tratado reconoce a los nacionales españoles la misma protección judicial que los ciudadanos chinos en este país, en litigios relativos a materias civiles y mercantiles. Además, se otorga la misma protección a las personas jurídicas.
Cuando de acuerdo con este tratado se reclame la ejecución de una solicitud de asistencia judicial, se aplicará la ley interna del estado en que se ejecute la misma.
Además, con el propósito de otorgar eficacia a las decisiones judiciales en materia civil y mercantil dictadas por el tribunal de cualquiera de las partes, se recoge en el artículo 17 el pleno reconocimiento y ejecución de éstas por el tribunal de la otra parte.
Más reciente, encontramos el acuerdo suscrito entre España y la Región Administrativa de Hong Kong, con el beneplácito del gobierno chino, sobre asistencia judicial en material. Por medio de este acuerdo, en vigor desde el año 2012, ambas partes se comprometen a prestarse mutuamente asistencia judicial en la investigación y persecución de delitos en los procedimientos de naturaleza penal.
El motivo de tan extensa regulación de los aspectos comerciales se debe al auge durante estos últimos años de las relaciones empresariales entre ambas naciones. Si bien es cierto que España y sus compañías han puesto el foco en el mercado chino, no solo nuestro país tiene intereses en mantener viva esta buena relación, sino que el interés es mutuo, también de China.
España resulta atractiva para grandes corporaciones multinacionales chinas que deciden invertir en nuestro territorio, por delante de otros países de nuestro entorno. Además, España está llamada a adquirir mayor importancia en el panorama político y financiero de la Unión Europea ante la salida de Reino Unido de la misma y la inestabilidad política y debilitación económica de otras potencias tradicionales europeas, como Italia. Ante este contexto internacional, España sigue atrayendo inversión extranjera procedente del estado asiático.
Además, la conexión con Latinoamérica resulta un gran activo de nuestro país para atraer y retener inversión procedente de multinacionales chinas. Las diferencias culturales entre los países de América Latina y China supone un obstáculo para que los negocios entre ambas partes puedan prosperar. La afinidad cultural con España y la existencia de numerosas compañías españolas con vínculos con Latinoamérica suponen una ventaja significativa y se configuran como una puerta de entrada en la región, consolidándose esto como un factor relevante para las empresas chinas a la hora de expandir las relaciones con España.
Las empresas españolas han encontrado en China un aliado en el cual expandir sus negocios, a la par que un destino preferente para su internacionalización. En un entorno tan cambiante como el actual, la seguridad jurídica resulta vital para poder realizar con éxito este proceso.
En Lleytons trabajamos para brindar asesoramiento legal a nuestros clientes, asegurando la protección jurídica de sus inversiones e intereses en el exterior, en especial en el gigante asiático. Lleytons hace además de puente con América Latina, colaborando por medio de nuestras alianzas en la salvaguardia de los intereses económicos de los clientes chinos en ese continente, preservando las ventajas de su vinculación con España.
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