La Comisión Europea persigue introducir una mayor transparencia. Para ello, pretende adoptar ciertas medidas como la mejora de la información relativa a los precios a lo largo de la cadena de suministros alimentario tras haber contactado con los Estados miembros el pasado 11 de septiembre.
Desde el inicio del mandato en el año 2014, la Comisión dirigida por Jean-Claude Juncker– que el próximo 1 de noviembre cederá su puesto como presidente de la misma a la nueva presidenta electa, Úrsula von der Leyen– ha trabajado en pro de una cadena de suministro de alimentos más equitativa. El Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas, fue creado en el año 2016 por el comisario Hogan para proponer recomendaciones enfocadas a reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
Las recomendaciones que se presentaron en noviembre de 2016 se refirieron a tres aspectos normativos: la transparencia del mercado, las organizaciones de productores y las prácticas comerciales desleales. En el año 2017, la Comisión realizó una evaluación inicial del impacto, además una consulta pública sobre la modernización de la PAC, la cual determinó que el 96 % de los participantes demandaban una mejora sustancial de la posición de los agricultores en la cadena de valor.
Del mismo modo, una encuesta de opción a escala de la UEpublicada en febrero del año 2018, arrojó resultados similares, siendo que el 88% de los encuestados consideraba crucial el refuerzo del papel de los agricultores en la cadena de suministros de alimentos dentro de la UE.
En línea con estos objetivos, la Comisión Europea ha perseguido una mejora de la equidad en la cadena de suministro alimentario. Prohibió las prácticas comerciales desleales y mejoró las condiciones de cooperación entre los productores y en mayo de 2019 presentó el tercer elemento de mejora: intensificar la recogida de precios de los productos agroalimentario en distintas etapas de la cadena de suministro para ver la forma en que se determinan los precios.
Dicha transparencia trae consigo una serie de ventajas. La primera de ellas se centra en la autonomía de los agentes a la hora de tomar decisiones con un conocimiento de causa mayor. De este modo, se mejorará la comprensión de la formación de los precios y a su vez, el desarrollo de tendencias a lo largo de la cadena alimentaria. Además de ello, también permite mejorar la confianza y sustentar decisiones empresariales óptimas, entre las que se incluye una mejor gestión del riesgo.
Dichas medidas se adoptarán por la Comisión durante las próximas semanas y se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.
A día de hoy, tenemos la posibilidad de disponer de una ingente cantidad de información relativa a los mercados agrícolas. En este sentido, nos referimos a los precios de producción y consumo o los volúmenes de producción y comercio, entre otros ejemplos. Sin embargo, contamos con escasa información sobre las relaciones que se establecen directamente entre los agricultores y los consumidores. Ello produce una asimetría de información que tiene un impacto negativo, en detrimento de los agricultores, quienes están en una situación de clara desventaja frente a los agentes que intervienen en la cadena de suministro alimentario.
Las medidas que se han acordado se aplicarán a distintos sectores: la carne, las frutas y hortalizas, el azúcar, el aceite de oliva, los productos lácteos, los cereales, el vino y las semillas oleaginosas y las proteaginosas. La recogida de los datos se fundamentará en los sistemas establecidos que emplean tanto los agentes como los Estados miembros para notificar la información sobre el mercado a la Comisión.
Cada Estado miembro será responsable de la recogida de los datos relativos a los mercados y a los precios, los que serán trasmitidos a la Comisión para su publicación a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE. Estos precios representativos se notificarán para conseguir un equilibrio entre eficacia y coste.
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