En junio de 2018, el Tribunal Popular Supremo chino emitía las Disposiciones para el Establecimiento de un Tribunal Comercial Internacional (Fa Shi 2018 – No.11), por las que se regula y vertebra la constitución de una plataforma de resolución de conflictos internacionales de carácter comercial.
La creación del Tribunal Comercial Internacional Chino (“CICC”, por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de dar cobertura legal ex post a la iniciativa multibillonaria One Belt, One Road (“OBOR”), el mayor proyecto geoeconómico del siglo XXI que analistas y académicos comparan, mutatis mutandis, con el Plan Marshall estadounidense. Ya tratamos sobre esta iniciativa y sus implicaciones para la Unión Europea en un artículo previo.
La iniciativa OBOR, conocida como la Nueva Ruta de la Seda es un plan de 10 trillones de dólares que, desde 2013, busca conectar China con el resto el mundo a través de inversiones en los sectores de la energía e infraestructura, a la vez que promueve proyectos de cooperación financiera y cultural.
La iniciativa se bifurca en dos grandes rutas: el corredor terrestre o Silk Road Economic Belt y el marítimo o Maritime Silk Road. En lo que respecta al primero, éste conecta la ciudad de Yiwu, el núcleo industrial más al Este de China, con la ciudad de Madrid, a través de una red ferroviaria que atraviesa Asia y Europa en toda su extensión. En lo que respecta el segundo, se pueden destacar dos principales rutas marítimas: una parte del puerto de Fuzhou y cruza el Océano Índico hasta Malasia, Sri Lanka y el Mar Rojo, conectando Europa con Rotterdam; la segunda parte siempre de Fuzhou y llega a las islas del Pacífico a través del Mar de China.
Este proyecto OBOR está supervisada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio chinos. OBOR desempeña un papel central en los planes del Gobierno de Pekín, como un factor de apoyo a los objetivos a largo plazo de duplicar el PIB y crear nuevos vínculos internacionales, ya anunciados en marzo de 2016 con la publicación del plan quinquenal decimotercero.
En resumen, los objetivos de la iniciativa OBOR pueden destacarse en los siguientes puntos: conectar a los países, facilitando la comunicación entre los gobiernos; conectar las infraestructuras, facilitar el transporte de mercancías y el paso de personas entre los diferentes países; conectar las economías para aumentar los volúmenes de comercio; conectar capital para estimular sus flujos; conectar a las personas, facilitar los intercambios entre diferentes culturas y sistemas educativos, fomentar el intercambio de tecnologías y usos. Para lograr estos objetivos, China debe intentar aplicar políticas destinadas a estabilizar su mercado y evitar la devaluación del yuan. El proyecto One Belt One Road tiene el potencial de estimular aún más la economía china, acompañándola hacia el crecimiento previsto por el gobierno de Pekín.
A la luz de todo esto, está claro que era necesario contar con un órgano judicial especializado en el tratamiento de los casos de comercio internacional, que fuese más eficaz y transparente con el fin de crear un sistema de protección adecuado en el marco de la iniciativa One Belt One Road.
Como hemos adelantado antes, sobre la base del reglamento del Tribunal Popular Supremo chino (Fa Shi 2018 – No. 11) se establecían un Tribunal Comercial Internacional compuesto por dos tribunales: el Primer Tribunal Comercial Internacional, con sede en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, y el Segundo Tribunal Comercial Internacional, situado en Xi’an, en la provincia de Shaanxi. Se trata de órganos judiciales chinos de pleno derecho con competencia para la solución de las controversias comerciales internacionales de mayor importancia o relevancia económica o técnica.
Los tribunales están integrados por jueces de nacionalidad china (actualmente ocho , todos ellos con una sólida formación, internacional, técnica y lingüística. También está previsto que sean asistidos por un comité asesor de expertos (Zhuanjia Weiyuanhui), compuesto por abogados chinos y abogados extranjeros (actualmente con veinte componentes: ocho chinos y doce extranjeros).
No obstante, los expertos internacionales no podrán actuar como jueces (ni los abogados extranjeros), sino que tendrán funciones auxiliares, desde el asesoramiento sobre derecho extranjero hasta el papel de los mediadores en los litigios. La jurisdicción de estos tribunales podrá ser elegida por consenso por las partes mediante una cláusula de foro que deberá figurar en un contrato internacional o firmarse posteriormente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: i) la controversia ha de tener relación con China, y ii) la cantidad en cuestión deberá ser superior a 300 millones de yuanes.
El CICC también será competente respecto de los casos que les son remitidos por el Tribunal Supremo o los tribunales superiores, los casos de gran repercusión nacional en esta esfera y los relativos a la aplicación de medidas cautelares en el contexto del arbitraje internacional o la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. En comparación con los tribunales ordinarios chinos, una característica de estas nuevas instituciones es el hecho de proporcionar todo un conjunto de servicios de solución de controversias (la llamada “ventanilla única”). De modo que este nuevo órgano está llamado a realizar una importante actividad de mediación o búsqueda de soluciones alternativas, independientemente o en coordinación con las principales instituciones chinas especializadas en la prestación de servicios internacionales de mediación y arbitraje (CIETAC, SHIAC, CMAC, BAC, etc.).
Entre los aspectos interesantes del nuevo CICC figura su grado de flexibilidad y admisibilidad formales en el marco del procedimiento, al menos en algunos aspectos como la práctica de las pruebas testificales o el uso del idioma inglés. En este sentido, las disposiciones del Tribunal Popular Supremo chino se refieren, en primer lugar, al idioma de la prueba – que, si se prepara en inglés, con el consentimiento de las partes, no necesita traducirse al chino – y, en segundo lugar, el requisito de que se nombre a los jueces, no sólo por su conocimiento del idioma inglés, sino también por su capacidad para utilizarlo en el procedimiento.
Con el nuevo Tribunal Comercial Internacional chino se crea una especialidad orgánica dentro del sistema judicial chino, cuya eficacia deberá aun testarse. En el futuro inmediato será interesante conocer el número de empresas se someterán a la jurisdicción exclusiva de dicho tribunal, incorporando cláusulas de foro en el marco de los proyectos a gran escala de la nueva Ruta de la Seda china.
En Lleytons contamos con una dilatada experiencia en el ámbito del comercio internacional, incluido el asesoramiento y defensa en procedimientos instados ante tribunales y organismos arbitrales chinos. Asimismo, acompañamos a las empresas en sus procesos de internacionalización, eliminando los riesgos y aportando seguridad legal y confianza a nuestros clientes.
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